El pasado 20 de febrero se ha conmemorado el Día Mundial de la Justicia Social. Una fecha que invita a la reflexión y a recordar que se trata de un derecho, basado en la equidad para que todas las personas puedan tener las mismas oportunidades y puedan desarrollar al máximo su potencial.
Según Naciones Unidas, más de 1.600 millones de personas en el mundo viven sin las condiciones básicas adecuadas. Esto supone no solo que no cuentan con una vivienda digna sino que, si la tienen, les falta el acceso a derechos tan básicos como al agua potable o a sistemas de saneamiento. Cada día podemos observar las consecuencias negativas que genera la ausencia de estas necesidades básicas: conflictos, pobreza o discriminación (por la falta de desarrollo del potencial de las personas sin una igualdad real). Y esto es algo que podemos cambiar, tal y como nos hemos propuesto en AUARA desde nuestros comienzos.
El crecimiento de la población, el desarrollo económico y el avance del cambio climático son factores que dificultan el objetivo de conseguir una justicia social real en todo el mundo. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, los recursos de agua dulce que hay disponibles por persona se han reducido más de un 20% en las últimas dos décadas y la falta de agua potable afecta a 700 millones de personas.
Gracias a nuestros proyectos repartidos en 19 países, hemos conseguido que más de 85.000 personas pueden tener acceso a esa agua potable, imprescindible para la vida y que además supone mejorar la calidad de vida en otros aspectos, como sucede en África:
Este año esperamos poder seguir desarrollando los proyectos que tenemos en marcha en 19 países para avanzar en la búsqueda de una justicia social real, cuya conmemoración como “Día Mundial” estamos convencidos de que supone una oportunidad para sensibilizar a la población sobre este asunto.
Al igual que Naciones Unidas, desde AUARA consideramos que cuando hablamos de justicia social, estamos hablando de un principio fundamental para una convivencia pacífica y próspera entre países, además de para mantener la paz y la seguridad a nivel internacional, el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.