La pobreza energética es un concepto que cada día oímos más en los medios de comunicación. Esta misma semana, la organización Cáritas en Castilla y León ha mostrado su preocupación por el aumento de familias en esta situación que se va a producir con la llegada del invierno, ante los elevados precios de la energía y de los combustibles.
Cuando se habla de pobreza energética no sólo se refiere a la dificultad de afrontar económicamente el gasto de las facturas de la luz o el gas, sino también a la dificultad de acceder a las propias fuentes de energía. En cualquier caso, las causas casi siempre vienen dadas por la existencia de bajos ingresos en el hogar, una insuficiente calidad energética en la vivienda o los altos precios de los suministros, que hacen que no se pueda costear.
En España, y según datos oficiales de 2021, el porcentaje de población española que tuvo una temperatura inadecuada durante el pasado invierno fue del 10,9%, y de un 9,6% en el caso de aquellos que se retrasaron en el pago de facturas de suministro de la vivienda, en ambos casos casi 3 puntos más que el año anterior, y sobre todo entre los hogares más desfavorecidos.
Consecuencias nefastas
Otras cifras para la reflexión sobre este tema las ofrece la Organización Mundial de la Salud, que recomienda una temperatura óptima para una vivienda de entre 18 y 22 ºC en invierno y unos 25 ºC en verano, aunque el 9% de los españoles no pueden permitirse estar dentro de esos baremos, según datos de Eurostat.
Pero más allá de los grados o del impago de recibos, el problema es que estas personas pueden llegar a carecer de acceso a servicios básicos para poder llevar una vida digna: además de la falta de calefacción, los millones de hogares afectados no tienen luz, por lo que no tienen la opción de poder refrigerar los alimentos, y tienen dificultades en el suministro de agua y gas. Todo ello deriva en problemas de salud, tanto psicológicos como físicos, y otros aspectos como el absentismo laboral, el bienestar y el rendimiento educativo, por ejemplo.
Parece complicado alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 7, que se propone garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables y modernos de aquí a 2030, para lo que sería necesario un reparto y un uso más equitativo de la energía a nivel mundial.
Un reto que resolver
Según Ignacio Mártil, miembro de la Real Sociedad Española de Física y catedrático de Electrónica en la UCM, el problema energético no viene dado por la escasez del recurso, si no por el despilfarro en su uso, ya que el 20% más rico de la población mundial consume el 80% de todos los recursos energéticos. Países como Gambia, Sierra Leona, Nepal o Camboya se llevan la peor parte, con pobreza energética extrema, frente a Qatar, Japón o Rusia, donde la abundancia de recursos deriva en un consumo próximo al derroche.
Por eso urge un entendimiento a nivel global para que los estados, las empresas e instituciones y la sociedad en su conjunto sean conscientes de que la energía no es un lujo, sino un derecho universal.
El único camino para combatir la pobreza energética pasa por contar con una energía limpia y justa, tal y como quedó reflejado en el Diálogo de Alto Nivel sobre Energía de Naciones Unidas, un evento celebrado el año pasado precisamente para acelerar la acción global sobre el ODS 7, y que supuso la primera reunión en 40 años en este organismo internacional.
Por otro lado, es importante que esos pasos a gran escala para solucionar este serio problema se acompañen también de medidas en el ámbito particular, desde nuestra propia casa. Con pequeños gestos como tener un buen aislamiento de puertas y ventanas, desenchufar los aparatos electrónicos que dejamos en “standby” (y que suponen el 10% del consumo total), apagar las luces cuando no son necesarias, usar temporizadores para la calefacción o mantener una temperatura estable en el hogar, estamos contribuyendo a fomentar un modelo de consumo energético más consciente y más justo para todos, incluido el planeta.